Article
Direct hiring for emergencies as a hiring procedure in times of
pandemic
La contratación directa por emergencia como procedimiento de contratación: Corrupción en
tiempos de pandemia
Jhohan Stefany Villegas-Morales
Docente, Universidad César Vallejo
https://orcid.org/0000-0003-2150-8674, vmoralesjs@ucvvirtual.edu.pe
German Alejandro Luis Barrantes-Mann
Docente, Universidad Tecnológica del Perú
https://orcid.org/0000-0003-4414-1836, C15346@utp.edu.pe
Socorro Del Pilar Sánchez-Gamarra
Docente, Universidad César Vallejo
https://orcid.org/0000-0002-1799-5302, sdsanchezg@ucvvirtual.edu.pe
Revista Iberoamericana de la Educación
Vol – Especial 1 2021
e-ISSN: 2737-632x
Abstract: Objective: Describe the scope and relevant aspects that public
contracting during the COVID-19 pandemic in Peruvian public entities,
seeking an optimal management of public resources in the contracting of
goods, services and works directly related to health care, prevention of
disease or reduction of the negative impact of the pandemic. Materials and
methods: A bibliographic review was carried out, systematizing the
information collected from research published in journals such as Scopus,
Scielo, Dialnet, Redalyc, as well as research reports from other Institutions
such as the State Procurement Supervisory Body and the Office of the
Comptroller General of the Republic. prioritizing articles whose age does not
exceed five years from its publication. The research is quantitative-
descriptive, with a non-experimental design. Results: To respond to the
health emergency situation, Latin American countries resorted to direct
contracting as a procedure. During the health emergency, reports of
corruption increased by 700% in Peru, due to contracting. Conclusion: Public
Article
contracting during the Health Emergency has been negatively affected by
various factors, including corruption, the direct contracting method generates
wide margins that allow corruption, limited control and auditing and the lack
of ethics and suitability of the operators of the rule. Likewise, the rules that
regulate contracting do not constitute a problem, but rather lies in the
inadequate or improper application of the same operators.
Key words: Public contracting, direct contracting, corruption
Resumen: Objetivo: Describir los alcances y aspectos relevantes que afectan
las contrataciones públicas durante la pandemia COVID-19 en las Entidades
públicas Peruanas, buscando un manejo óptimo de los recursos públicos en la
contratación de bienes, servicios y obras directamente relacionadas con la
atención de la salud, prevención de la enfermedad o reducción del impacto
negativo de la pandemia. Materiales y métodos: Se realizó una revisión
bibliográfica, sistematizando la información recopilada de investigaciones
publicadas en revistas como Scopus, Scielo, Dialnet, Redalyc, así como
también informes de investigaciones de otras Instituciones como El
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y la Contraloría
General de la República, priorizando artículos cuya antigüedad no supere los
cinco años desde su publicación. La investigación es de tipo cuantitativo-
descriptivo, con diseño no experimental. Resultados: Para responder a la
situación de emergencia sanitaria, los países de Latinoamérica recurrieron a
la contratación directa como procedimiento. Durante la emergencia sanitaria,
se incrementó en700% las denuncias por corrupción el Perú, por
contrataciones. Conclusión: La contrataciones públicas durante la
Emergencia Sanitaria han sido afectadas negativamente por diversos factores,
entre ellos, la corrupción, el método de contratación directa genera amplios
márgenes que permiten la corrupción, el limitado control y auditoría y la falta
Article
de ética e idoneidad de los operadores de la norma. Asimismo, la normas que
regulan la contratación no constituyen un problema sino esta radica en la
aplicación inadecuada o indebida de los operadores de la misma.
Palabras clave: Contratación pública, contratación directa, corrupción
INTRODUCTION
La pandemia que afecta actualmente al mundo causada por el SARS-COV-2,
y que causa la enfermedad del COVID-19 ha impactado negativamente desde
inicios del 2020. Ha generado estragos en la economía de los países, y alteró
profundamente los hábitos sociales. En este contexto, el Estado, ha tenido un
rol preponderante tanto en el cuidado de la salud pública, la atención de
contagiados, el sostenimiento económico de las población más vulnerable y
con menos recursos, la interrupción en la prestación de servicios por
implementación de medidas de aislamiento social obligatorio, la reactivación
económica progresiva, entre otros (Bezchinsky et al., 2021).
Mediante la contratación públicas, las Entidades públicas y empresas
estatales, se abastecen de bienes, servicios y ejecución de obras para el
cumplimiento de metas y fines públicos (Villegas, 2019), la prestación de los
servicios públicos y el goce de sus derechos de los contratistas, mediante un
proceso de aplicación de principios rectores, en distintas etapas (Guzmán-
Hernández). Cada Entidad tiene necesidades específicas de
aprovisionamiento (Baena, 2019) (Reis & Cabral, 2015) (Tripadelli et al.,
2011).
La actual pandemia de la COVID-19 ha puesto en manifiesto las dificultades
que tienen los sistemas de contratación pública de diferentes países del mundo
para abastecerse de bienes, equipos e insumos para afrontarla. En el caso de
España, por ejemplo, se ha tenido un fracaso en la cadena de abastecimiento
Article
y las normas de contratación estatal, agudizándose el problema con la ruptura
del mercado acontecida durante la primera ola de la pandemia, que dificultó
aplicar incluso las normas básicas de la contratación estatal española. La
necesidad de ejecutar fondos vinculados al Plan Europeo de recuperación de
forma eficaz y ágil, condujo al gobierno a aprobar medidas urgentes que
permitan modernizar la administración pública, sumando de manera conjunta
con el legislador, bajo disposiciones aprobadas específicamente con la
finalidad de ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(Díez, 2021); sin embargo, la gravedad del problema, exige ir más allá de
simples ajustes en la normativa de contrataciones, es decir precisa identificar
posibilidades de contratar bienes y servicios que existen fuera de la propia
norma (Díez, 2021).
Alemania, para afrontar la pandemia, recurrió a un procedimiento “Open-
House” a fin de adquirir productos farmacéuticos. El “Open-House”
representa una forma distinta de contratar el abastecimiento de bienes y
servicios que no exige realizar previamente una licitación. En este modelo, el
Ente contratante no limita el número de proveedores adjudicados, ni los
proveedores presentan una oferta, únicamente deben demostrar que se
encuentran en condiciones de atender las necesidades anunciadas, y todos
aquellos que cumplan con los requisitos fijados por el Ente contratante,
celebran contratos idénticos; posteriormente el paciente o el médico eligen el
medicamento del proveedor que prefieran (Díez, 2021). Las compras de
farmacéuticos bajo esta modalidad, que como ya se ha mencionado, la
Entidad contrata con cuantas empresas sea posible bajo condiciones
uniformes, representa aproximadamente un tercio del total, lo que ha
generado una viva discusión en la Comunidad Europea sobre la conveniencia
de someterlo a las normas europeas de contratación estatal, existiendo quienes
Article
consideran pertinente y quienes consideran que dicho modelo transgrede
algunos principios como igualdad de trato, entre otros (Gabriel, 2019).
En el caso de América Latina, ninguno de los países de la región, estaba en
condiciones óptimas que le permitan enfrentar una pandemia de la
envergadura como el COVID-19. Se pueden identificar claramente tres
grupos de países con diferencias significativas respecto a las capacidades de
sus sistemas de sanidad para afrontar la pandemia y sus sistemas de compras
públicas, con posiciones relativamente favorable, otros con posición
intermedio y otros con una posición escasamente favorable o desfavorable.
Respecto a las medidas implementadas en distintos países de AL para
enfrentar la pandemia, es destacable la promulgación de normas que tuvieron
repercusión en sus sistemas nacionales de compras estatales (Bezchinsky et
al., 2021).
Según un estudio de mapeo de capacidades de agencias de compra de
América Latina y el Caribe para atender la emergencia COVID-19, los países
de la región alcanzan un nivel promedio de preparación de 3.25 (considerando
una escala de 1-5) en capacidad para atender la emergencia. Los países en su
mayoría se vieron forzados a declarar estados de emergencia y utilizaron el
procedimiento de compra directa por causal de emergencia. Se destaca entre
las principales acciones implementadas, la declaratoria de emergencia, la
publicación de manuales y guías de compras por emergencia, y algunos
países consiguieron la implementación de procesos de compras por medios
electrónicos (Red Intermaericana de Compras Gubernamentales, 2021).
El Perú obtiene un puntaje de 3 en capacidad para atender la emergencia, esto
por debajo del nivel promedio de la región. No cuenta con acuerdos marco
específicos para la contratación de medicamentos y otros insumos para los
hospitales y el sector salud. El mayor reto que enfrenta es la falta de integridad
de los actores que participan en las contrataciones, que utilizan indebidamente
Article
la situación de emergencia para cometer actos ilícitos de corrupción (Red
Intermaericana de Compras Gubernamentales, 2021).
La corrupción en las contrataciones públicas en el Perú, es un problema
permanente, lo que genera denuncias y condenas contra funcionarios
públicos acusados de delitos de corrupción (Gestión, 2020) siendo este un
problema mayor que otros problemas de índole burocrático que tienen
incidencia directa sobre el nivel y calidad de gasto público y el logro de metas
y objetivos, lo que conlleva la imperante necesidad de incrementar la
transparencia en los procedimientos y cadena de abastecimiento. La
corrupción no tiene fronteras ni ideología ni tinte político (Tablante &
Morales, 2018).
En este contexto, la corrupción es un fenómeno mundial que perjudica al
estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Es definido como “El
mal uso del poder que tienen los servidores públicos para aprovecharse de un
conflicto de intereses y obtener beneficios propio, por encima del interés
público (Martínez A. , 2021). Este beneficio puede ser económico, no
económico u otra que constituya una ventaja; directa o indirecta; vulnerando
principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales” (Comisión de
Ato Nivel Anticorrpción, 2018). La corrupción es un riesgo inherente a la
contratación pública que degenera los valores y normas establecidas por la
sociedad (Baena, 2019) (Garavito, 2018) (Aymerich, 2015) .
Para aproximarnos al fenómeno de la corrupción es necesario recurrir al
estudio de la percepción más conocido: El Índice de Percepción de
Corrupción. Considerado el Índice de Percepción de la Corrupción 2020
publicado por Transparency International, que mide los niveles percibidos de
corrupción en el sector público en 180 países y territorios, a partir de 13 tipos
de encuestas diferentes a empresarios y evaluaciones realizadas por expertos,
el índice asigna sus puntuaciones de acuerdo con una escala de 0 (corrupción
Article
elevada) a 100 (transparencia elevada), se tiene un panorama que resulta
tristemente familiar: más del 75% de países obtienen un puntaje inferior a 50,
en la que el promedio global no supera los 43 puntos. Otro punto a recalcar
es que tan solo 20 países han logrado avances significativos, mientras que la
gran mayoría de los países no ha logrado buenos resultados, en el caso
particular de Perú, al realizar un comparativo con los resultados del estudio
realizado en el año 2016, se tiene que este, obtuvo un puntaje de 35, siendo el
mismo puntaje del año 2019 y en el 2020 obtiene un puntaje de 38. En este
Rankin, el Perú ha pasado a ubicarse del puesto 101 en el 2016 al puesto 105
a nivel mundial en el 2019 y al 94 en el 2020, siendo muy alentadores los
resultados logrados en el 2020 (Transparencia, 2021).
La población reconoce como el principal problema del país a la corrupción,
así los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) al aplicar la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
entre octubre del 2019 – marzo del 2020, muestran que el 60.6% de la
población de 18 y más años de edad opinó que la corrupción es el principal
problema que afecta al país (INEI, 2020); sin embargo si nos ubicamos en la
vereda del empresariado no se evidencia que este lo perciba como un
obstáculo principal para su negocio, pues la utilidad de la contratación
superaría los cotos de coimas y sobornos, conviviendo en un pacto implícito
con los funcionarios públicos que los obliga a desprenderse de una parte de
sus ingresos que no resultan significativos, conllevando a que estos
reconozcan la funcionalidad de la corrupción (Daly & Navas, 2015).
Antes del inicio de la pandemia, la Contraloría General de la República,
corroboró que en el Perú existían 867 obras paralizadas que acumulaban un
monto aproximado de 16 millones de soles, de las que el 39% se debía a
deficiencias técnicas. Paradójicamente, frente a las necesidades ilimitadas de
la población y la necesidad de cerrar brechas de acceso a servicios públicos,
Article
muchas obras quedan inconclusas o inoperativas. Esta incoherencia, por
desgracia, cobra mayor relevancia en la situación de emergencia nacional
declarada a raíz del COVID-19, que ha dejado en evidencia la mayor
vulnerabilidad del aparato estatal, la Corrupción en las contrataciones
públicas. Durante los 100 días posteriores a la declaración de emergencia, se
han incrementado las denuncias por corrupción en 700%. Las denuncias se
interpusieron por irregularidades en las contratación y entrega de canastas
familiares a familiares vulnerables y compra de equipos médicos, mascarillas
y otros equipos de protección personal (Inostroza & Centa, 2020).
El enfoque tradicional de la administración pública sobre la corrupción, es
reaccionando ante la actuación irregular de los servidores públicos en el
desempeño de sus funciones mediante la tipificación de diversos delitos como
cohecho, tráfico de influencia o incluso organización criminal; sin embargo,
pocos casos culminan en sentencias, debido a las limitaciones de una
respuesta penal a la corrupción. Por ello, actualmente se ha dado un viraje
hacia la integridad de los funcionarios y servidores públicos como uno de los
instrumentos principales de la lucha contra la corrupción. Es decir, centrar la
atención en evitar las condiciones que propician nuevos casos de corrupción
(Cerrillo, 2021).
El tema bordado en la presente investigación, nos llevará a reflexionar sobre
la importancia de gestionar los riesgos de la corrupción en las contrataciones
públicas y analizar las posibilidades que se hayan producido prácticas
corruptas en la contratación de bienes y servicios durante el estado de
emergencia por situación de emergencia, para lo cual se tomarán nuevos
enfoques de prevención del riesgo.
En ese sentido, nos formulamos las preguntas de investigación: ¿De qué
manera la corrupción o irregularidades en las contrataciones públicas incide
en la atención de servicios públicos?, ¿Cuáles son los factores que inciden
Article
negativamente en las contrataciones que realizan las entidades durante la
pandemia COVID-19 en el Perú? Y ¿Cuál es la situación de la gestión de
riesgos de corrupción en contrataciones directas por emergencia? Para brindar
respuesta a las interrogantes, nos planteamos los siguientes objetivos: 1)
Determinar si las contrataciones directas han permitido compras eficientes y
oportunas durante la pandemia COVID-19 en el Perú, 2) Identificar los
factores que inciden negativamente en las contrataciones que realizan las
entidades durante la pandemia COVID-19 en el Perú, y 3) Analizar la
necesidad de gestionar riesgos de corrupción en contrataciones directas por
emergencia.
El trabajo persigue como propósito, identificar los aspectos relevantes
conocidos de las contrataciones directas por emergencia durante la pandemia
COVID-19 y otros métodos que hubieran sido utilizados en América Latina
y el Caribe como medida para atender la situación de emergencia, así como
su efectividad de los mismos, lo que nos permitirá evaluar y definir ciertos
parámetros de mejora en eventuales situaciones o escenarios adversos
futuros, que requieran contrataciones inmediatas en las Entidades del estado.
MATERIALS AND METHODS
Se realizó una revisión bibliográfica, sistematizando la información recopilada de
investigaciones publicadas en revistas como Scopus, Scielo, Dialnet, Redalyc, así como
también informes de investigaciones de otras Instituciones como El Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado y la Contraloría General de la República, priorizando
artículos cuya antigüedad no supere los cinco años desde su publicación. La investigación
tiene un enfoque cualitativo – descriptivo.
3. Resultados
A partir de los objetivos delimitados, describimos los principales resultados.
Article
1) Identificar los factores que inciden negativamente en las contrataciones que realizan
las entidades durante la pandemia COVID-19 en el Perú
De acuerdo a dos estudios de la Universidad Católica del Perú, la contratación pública
está siendo afectada gravemente por la corrupción. Los delitos de corrupción en la
administración pública abarcan un sin número de actos ilícitos como el peculado, colusión,
concusión, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, negociación incompatible,
cohecho, tráfico de influencias, entre otros. Los delitos que se generan en las compras
públicas son las que tienen mayor incidencia sobre el nivel de desarrollo del país por tratarse
de la desviación de ingentes cantidades de recursos destinados a cerrar brechas y brindar
servicios, para enriquecer a particulares tanto funcionarios y servidores públicos y privados
que participan de ella. El estudio revela que es el delito de colusión (simple y agravada) es el
delito más común relacionado con la contratación Estatal, luego del delito de peculado. Entre
el 2014 se procesaron 8720 casos de delitos de corrupción en los 33 distritos judiciales del
país. Los que registraron una mayor cantidad fueron Lima Sur (1504 casos), Lima (1098
casos), Lima Norte (684 casos), Junín (533) y Ancash (497 casos). Asimismo, solamente
durante el 2018, se registraron 5838 denuncias (Chanjan et al., Claves para reconocer los
principales delitos de corrupción, 2021). En el segundo estudio, Sistema de justicia de delitos
de corrupción y lavado de activos, las denuncias realizadas durante los años 2014 al 2017 por
el delito de colusión, según el Sistema Nacional Especializada de Delitos de Corrupción de
Funcionarios, representan 17.4% (Chanjan et al., 2018).
Para (Garavito, 2018) la corrupción en los últimos años se encuentra en auge. Se
expande por todas las Entidades públicas. Tal es el caso que, en la última década, se han
detectado casos de corrupción en 19 de los 25 gobiernos regionales. La corrupción se produce
en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. Si bien el tráfico de influencia
es un factor que ocasiona la corrupción, el compadrazgo también contribuye a una
inadecuada transparencia en las contrataciones. El comportamiento más frecuente consiste
en el uso de una persona influyente en la autoridad, para conseguir una entrevista. En dicha
entrevista, el interesado procura cerrar un pacto recurriendo a los que le resulte necesario
Article
para ello. La corrupción en las contrataciones, se concretará durante el proceso de selección
y ejecución contractual, mediante el incumplimiento de normas, de plazos, requisitos
exigidos en los documentos de selección como las bases, descalificación injustificada de otras
ofertas, aprobación de ampliaciones de plazo que no corresponde, aprobación de adicionales
de manera irregular, entre otros.
Según (INEI, 2020) el 60.6% de los peruanos considera que la corrupción en el
principal problema que aqueja al país. Aunque reduce en 4 puntos porcentuales respecto a la
precepción en el 2019, aún sigue siendo el principal problema muy por encima de otros como
la delincuencia, la pobreza entre otros. A excepción de RENIEC, la iglesia católica y la Radio
y Televisión, en el Perú, todas las instituciones son percibidas por la población como no
confiables. En el Rankin que presenta, los partidos políticos son los menos confiables, cuya
tasa de desconfianza alcanza 31 veces la de confianza. Es decir, la proporción entre
respuestas negativas y positivas es de 31 a 1. Entre las instituciones menos confiables, le
sigue el Congreso de la República con una tasa de desconfianza de 21 veces mayor al de
confianza; el poder judicial con una tasa de desconfianza de 7 veces mayor que la de
desconfianza. El Rankin es seguido por las Municipalidades Distritales y provinciales
quienes tienes tasas de desconfianza mayor a la de confianza del 5.5 y 5.8 veces
respectivamente. Respecto a la aceptación de la gestión del Gobierno Regional y Gobierno
Local, solamente el 24.7% considera aceptable la gestión del gobierno regional y un 32% de
los ciudadanos peruanos consideran aceptable la gestión de los gobiernos locales. Esto es,
una no aceptación de aproximadamente el 70%.
En las contrataciones públicas la corrupción ha establecido un patrón y acciones
sistémicas mediante acuerdos entre proveedores y funcionarios del estado para ser
beneficiados en las contrataciones estatales a cambio de sobornos, también se da la
designación de personal en cargos claves y como integrantes de comités de selección, en
equipos técnicos de servicios de consultoría y acondicionamiento de arbitrajes; se ha formado
una alianza entre el sector público y privado altamente tendenciosa que incrementa costos,
reduce calidad, causa inestabilidad económica y política, reclamos sociales por necesidades
Article
no atendidas que elevan los niveles de pobreza y desigualdad, la pérdida de ética en las
acciones gubernamentales con consecuencias negativos en los factores económicos claves
para el desarrollo de un país (Ramos et al., 2018). Así tenemos a Solis, (2017) que considera
que la corrupción en el Perú conocida por los escándalos de las transnacionales como OAS,
Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao y principalmente Odebrecht (Proética
Transparencia Internacional, 2019), habrían construido una relación simbiótica entre
empresarios de la construcción y burócratas, en un una forma de burocratización corrupta,
que nació influenciada por la relación política del Estado Brasileño, por el neodesarrollismo
y el apoyo de su gobierno para que sus empresas multinacionales logren contratos en diversos
países de Latinoamérica.
El caso emblemático Odebrecht, no solo involucra un caso de corrupción, sino que
permite además descubrir un sistema “aparentemente” poco conocido, para alcanzar
influencia para adjudicarse la contratación de obras públicas, la misma que está constituido
por las “reglas de juego” y sus “jugadores”, consistentes en tres estrategias. La primera, la
capacidad para culminar las obras antes que acabe el mandato gubernamental, segundo la
creación de una red de corrupción en las más altas esferas del gobierno a través de sobornos,
alianzas con constructoras nacionales y principalmente a través del financiamiento electoral
como clave para crear luego una red que incrementa su poder en la política y, tercero
aprovechar la debilidad institucional para evadir el control y la fiscalización e incluso
promover leyes a su conveniencia (Martínez K. , 2019).
(Madrid & Palomino, 2020) arriba a la conclusión que la corrupción es considerada
como un fenómeno que afecta la confianza y dificulta el logro de los objetivos de los órganos
e instituciones públicas; además de ello limita en gran medida el acceso equitativo a los
servicios básicos y esenciales, a los bienes y al beneficio de los derechos primordiales de las
personas en condiciones de pobreza y extrema de pobreza, así como también de quienes se
encuentran en situaciones vulnerables; por lo que si en contextos normales el nivel de
corrupción es alto e influye de manera importante en el desarrollo integral de la población;
entonces en la situación de pandemia por covid-19 los efectos de este suceso se agudizan.
Article
La contratación directa es un procedimiento de selección por el cual los proveedores
contratan con el estado directamente siempre y cuando cumpla las condiciones establecidas
en el literal b del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (OSCE,
2020, p.56) y estando frente a la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19, el
gobierno amparado en la Ley de la contratación pública emitió decretos de urgencia en el
ámbito económico y financiero y realizó la transferencia de recursos económicos con la
finalidad de apurar la adquisición de bienes básicos como alimentos, suministro de insumos
y equipos médicos, medicamentos, etc. mediante contratos directos, conllevando a que el
control y requisitos exigidos sean más flexibles (Rebaza et al., 2020), y al no ser aplicable el
principio de pluralidad de postores ni cumplir con los plazos establecidos e incluso la
presentación de documentación incompleta; se consideran como desventajas en las compras
públicas porque favorecen la búsqueda de beneficios individuales (Carbonell & León , 2021).
La gobernabilidad es la capacidad para que los representantes de las entidades
estatales formulen políticas públicas y puedan ejercer legitimidad de manera que eficaz para
enfrentar la principal problemática de la sociedad. La gobernabilidad está estrechamente
relacionada con la capacidad que de los representantes políticos y burocráticos que
demuestran al tomar importantes decisiones; sin embargo, nuestro país se encuentra en una
situación muy desfavorable ya que diversos estudios confirman el alto porcentaje de
desconfianza en los gobernantes públicos y a causa de esto se sobrerregula la informalidad,
rompiendo los vínculos entre población y representantes del estado ya que la corrupción es
considerada un grave problema incluso por encima de la delincuencia y pobreza , afectando
el desarrollo económico, social y político del país con resultados más nefastos en una
emergencia sanitaria, la corrupción en el Perú saca provecho de todas las debilidades del
sistema público (Morales et al., 2020).
El problema de la corrupción no necesariamente depende de los modelos de
contratación establecidos, ya que teóricamente se consideran aceptables y muestran avances
de la normativa; sino que existe una brecha entre la implementación de normas y la aplicación
real, porque son las personas quienes interpretan y aplican los modelos de contratación
Article
pública, y de ellos depende la generación de sobrecostos, procesos direccionados, entre otros
actos de corrupción, dejando en evidencia que la deficiencia no están en las normas sino en
la falta de valores éticos de las personas involucradas en los procesos de contratación, sumado
a ello la falta de conocimientos y competencias de funcionarios públicos y operadores del
sistema que no se actualizan con los cambios en la normativa que se producen con la finalidad
de frenar los actos de corrupción (Gestión Pública y Control, 2020).
2) Determinar si las contrataciones directas han permitido actos irregulares durante la
pandemia COVID-19 en el Perú
Para (Inostroza & Centa, 2020) la emergencia nacional decretada por el COVID-19,
ha puesto en evidencia la gran vulnerabilidad del Estado peruano ante la corrupción. Durante
los 100 días posteriores al inicio del estado de Emergencia, las denuncias por corrupción se
incrementaron en 700%. Estas denuncias están principalmente orientadas a irregularidades
en las compras y entregas de canastas de víveres por los gobiernos locales, la adquisición de
equipos médicos sobre valorados, la compra de mascarillas y otros equipos de protección
sobrevaloradas y que no cumplen las normas técnicas, e incluso construcción de hospitales
Covid con graves deficiencias técnicas, lo que ha generado un sin número de observaciones
e identificación de situaciones adversas por la Contraloría General de la República.
Según (Torres B. , 2020), en base a los medios noticieros estableció los posibles
escenarios para la manifestación de los actos de corrupción por las compras sobrevaloradas
de mascarillas y equipos médicos que no cumplen las características, los gobiernos locales
adquieren alimentos básicos sin registro sanitario, con fecha de vencimiento pasada,
sobrevalorados a proveedores que no cuentan con Registro Nacional de Proveedores,
favorecimiento con la entrega de canastas a familiares o allegados, y deficiencias en la
regularización de documentos dentro de los plazos establecidos. Por lo que en las
contrataciones por situación de emergencia sanitaria existe alta facilidad que los actos de
corrupción ocurran debido a la forma en que los funcionarios seleccionan a los proveedores.
(Gatti, 2021) La pandemia ha movilizado a todo el mundo y en la búsqueda de lograr
una gestión pública eficaz se ha conferido facultades discrecionales a los gobiernos, así
Article
tenemos que a finales de enero del año 2021 la unión europea hizo público el contrato con la
farmacéutica AstraZeneca, sin embargo, aspectos como el vínculo contractual, precio y
plazos de entrega fueron ocultos intencionalmente, fundamentados en la protección de
negocios sensibles y confidencialidad. En Perú con el decreto de Urgencia N° 003-2021 se
dispuso que el Ministerio de Salud (MINSA) haga pública la información de índole general,
planes de prevención y el programa de vacunación sin que afecte las cláusulas de
confidencialidad; situación considerada razonable en las etapas iniciales de la pandemia, pero
continúo tornándose en una regla en el estado afectando los derechos de la población. Bajo
este mismo sistema de las contrataciones directas sin procesos de selección se adquirieron
las vacunas, caracterizándose por información importante oculta lo que dificulta la
fiscalización y así los derechos humanos se han visto relegados sumando a los resultados
negativos.
(Ramírez & Rojas, 2021) determinan que las plataformas electrónicas de compra en
Colombia deben fortalecer, debido a que, en la situación de emergencia sanitaria, estas no
fueron suficientes para frenar los actos de corrupción. Si bien existieron esfuerzos de la
plataforma virtual Colombia Compra Eficiente, esta ha tenido una nula repercusión sobre la
transparencia de las compras. La falta de tecnología y vigencia tecnológica, no ha permitido
el registro de los documentos y documentos para acceso al público. En el estado Urgencia en
Colombia, se incrementaron los casos de corrupción, debido al margen de discreción que se
les dio al personal responsable de las compras, a la ausencia de auditoría y la poca eficiencia
de la plataforma virtual Colombia Compra.
RESULTS
3) Analizar la necesidad de gestionar riesgos de corrupción en contrataciones directas
por emergencia.
Article
Según (Inostroza & Centa, 2020) se han logrado identificar o reconocer 81 riesgos
que perjudican la a la contratación pública en el Perú. Le restan eficiencia, atenta contra lo
competitividad e integridad durante el ciclo de compra. Se ha identificado otros 20 riesgos
transversales a todo procedimiento de contratación pública. En el contexto mundial actual,
resulta relevante determinar medidas de mitigación, siendo la principal, el fortalecimiento de
la supervisión al interior de la propia Entidad. Es decir, la prevención del conflicto de
intereses a mediante controles internos y verificación de declaraciones Jurada de Intereses.
Para ello, se debe de establecer lineamientos internos que organicen el flujo del
procedimiento de contratación, la capacitación a los operadores logísticas, áreas usuarias y
otros involucrados, así como también la implementación de herramientas tecnológicas que
permitan identificar alertas tempranas mediante banderas rojas (Aparecido da Cruz, 2016).
Según (Vance, 2020) Como resultado de la evaluación anticorrupción en
Latinoamérica en el 2020, cuyo estudio regional abarcó a ocho países de la región (Brasil,
Argentina, Guatemala, Chile, México, Colombia, Perú y Panamá. El estudio mapea los
esfuerzos que realizan los gobiernos por prevenir la corrupción. En una evaluación de cero
(0) a diez (10), donde diez es la más alta y cero las más baja, Guatemala tuvo la puntuación
más baja con 3.89, mientras que Chile obtuvo la puntuación mas alta con 7.86 en el caso de
Chile, se evidencia una implementación de normas efectiva y los servidores y autoridades
cuentan tanto con la capacidad como la independencia para implementar normas
anticorrupción. En el caso de Perú, se cuenta con uno de los más sólidos marcos jurídicos;
sin embargo, no se aplican o implementan dichas normas por falta de voluntad política y
otras barreras burocráticas. Este estudio muestra una puntuación de 9.09 para Perú respecto
a Legislación; sin embrago en los factores de implementación y autoridades tenemos una
puntuación de 4.0 y 4.83 respectivamente, lo que corrobora que en el Perú no se tiene un
problema de legislación sino de la actuación corrupta de los operadores de la norma.
Según (Cabral, 2017) y (Spagnolo, 2012) se espera que el aprendizaje obtenido por
las Entidades, con el tiempo, funcione como un factor que impulse la generación de valor en
las adquisiciones públicas electrónicas. Como resultado, se puede sugerir que los
Article
proveedores más experimentados han acumulado un stock de capacidades potencialmente
más valiosas y, pueden ofrecer un producto o servicio que cumpla con las especificaciones
establecidas en el anuncio de licitación, con precios inferiores a los competidores menos
experimentados, o con mayores especificaciones y rendimiento, al mismo precio que los
competidores. Al aportar evidencia empírica sólida sobre el papel del control de
adquisiciones de los proveedores en las dimensiones de desempeño en la contratación
pública, el trabajo contribuye al debate teórico sobre la importancia de los mecanismos de
gobernanza en los procedimientos de contratación pública y factores vinculado a las
habilidades acumuladas en las relaciones entre empresas y gobierno.
(Torres L. , 2021) establece que es necesario se incorporen las veedurías por parte del
Órgano de Control como mecanismos de control para prevenir la corrupción en las
contrataciones directas por emergencia sanitaria, así evitar actos irregulares y se subsane el
vacío legal en la Ley General de Contrataciones del estado que no establece la acción
preventiva en contrataciones por situación de emergencia, y mediante los portales
electrónicos de las entidades públicas se publique la información relacionada con las
contrataciones directas, se establezcan lineamientos para atender que permitan hacer un
seguimiento a las compras estatales y no resulte necesario recurrir a una fiscalización
posterior.
La (Organización de los Estados Americanos, 2020) determina que existe la necesidad de
actuar de manera urgente a fin de mitigar los riesgos de corrupción, mejorar la transparencia
y ejercer de manera razonable las facultades excepcionales otorgados ante la emergencia
crisis de COVID-19. Manifestó su gran preocupación por la forma en que los gobiernos
responden a la presente crisis que está conllevando aun incremento de los riesgos de
corrupción. Para ello recomienda algunas medidas anticorrupción en tiempos del Covid-19.
Entre ellas se tiene la necesidad de delimitar el ejercicio de las facultades en emergencia, el
mismo que debe ser razonable y de conformidad con el derecho internacional, asegurando
que estos sean utilizados únicamente para los fines que fueron aprobados o concedidos.
También se requiere de transparencia y rendición de cuentas en las contrataciones públicas.
Article
Esta es fundamental, para contribuir a la competencia y garantizar la contratación de bienes
y servicios de calidad. Otro aspecto a tener en cuenta son las auditorías internas y externas
integrales.
CONCLUSIONS
La revisión permitió realizar varias precisiones. Entre los principales factores que inciden
negativamente en las contrataciones que realizan las entidades durante la pandemia COVID-
19 en el Perú tenemos a la corrupción generalizada en las contrataciones públicas, que va en
aumento, que los países de Latinoamérica optaron por la Contratación Directa como
procedimiento de contratación, lo que ha permitido a los funcionarios y servidores un uso
excesivo de las facultades otorgadas, la falta de transparencia y el escaso control y auditorías
realizadas.
La revisión bibliográfica, también ha permitido determinar la existencia de múltiples
irregularidades en la contratación directa durante la pandemia COVID-19 en el Perú, con la
consecuente incremento de 700 por ciento de denuncias y la constante advertencias o
situaciones adversas en informes de control elaborados por la Contraloría General de la
República.
Se ha podido determinar también que en el Perú no existe un problema de legislación en las
contrataciones del Estado; el verdadero problema se encuentra en que los operadores de la
norma encuentran la manera de utilizarla para su propio beneficio (Hernandez Diez, 2012).
Por tanto resulta indispensable, que se masifique la estrategia de gestión de riesgos en las
contrataciones a partir de del control previo en cada Entidad.
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